Desigualdad social: entre la teoría sociológica y la realidad institucional

Durante décadas, la sociología ha desarrollado modelos sofisticados para comprender las diferencias entre individuos en aspectos valorados socialmente como los ingresos, la educación o el estatus profesional. La idea central es potente: las diferencias en resultados que observamos entre personas son el producto de múltiples variables que operan a distintos niveles, desde lo más íntimo e individual hasta lo más estructural y macro-social.

El cuadro clásico de variables sociológicas nos muestra esta arquitectura multinivel con claridad. En la base encontramos factores que tradicionalmente la sociología ha preferido ignorar: el género biológico, la personalidad y la edad. Sobre ellos se construyen capas sucesivas: la familia de origen, la ocupación y clase social de los padres, la etnia, la educación recibida, la cultura política y religiosa del entorno, el tipo de asentamiento urbano o rural, la región, la nación y el sistema geopolítico. Todo esto se despliega en el tiempo, con distintas fases históricas que reconfiguran el peso relativo de cada variable.

Esta aproximación multinivel no es un mero ejercicio académico. La evidencia empírica confirma que cada uno de estos niveles explica porcentajes significativos de la varianza en los resultados vitales. Nacer en una familia de clase trabajadora, crecer en un barrio marginal, pertenecer a una minoría étnica discriminada o vivir en un país periférico son factores que condicionan las oportunidades vitales de modo masivo y estadísticamente robusto.

Sin embargo, lo que distingue las posturas políticas no es tanto el reconocimiento de que estos factores operan, sino tres cuestiones fundamentales: su peso relativo, su modificabilidad y la deseabilidad de intervenir sobre ellos.

La perspectiva progresista parte de una premisa ambiciosa: todas las diferencias en resultados deberían tender a cero. Esta visión asume (en las perspectivas más radicales) que prácticamente todos los factores de desigualdad son construcciones sociales modificables y que las diferencias sistemáticas son síntoma de un sistema injusto. Por eso algunas corrientes cuestionan instituciones tan fundamentales como la familia, vista como mecanismo de transmisión intergeneracional de privilegios. Y por eso tienden a negar la relevancia de los factores biopersonales: reconocer una base biológica significativa en rasgos como la inteligencia, el autocontrol y la persistencia o las motivaciones personales implicaría admitir una fuente de desigualdad natural, no atribuible a un sistema injusto.

La perspectiva liberal, por el contrario, sostiene que el objetivo no debe ser la igualdad de resultados sino la igualdad ante la ley y de oportunidades. Desde esta visión, garantizar estas formas de igualdad permitiría reducir indirectamente las diferencias de resultado sin intervenir sobre instituciones como la familia. La idea es crear (imperio de la ley, meritocracia, libertad económica) condiciones para que el talento y el esfuerzo puedan florecer independientemente del origen, aceptando que las diferencias en talento, preferencias y esfuerzo producirán inevitablemente diferencias en resultados.

La objeción desde la izquierda es poderosa: incluso con igualdad de oportunidades formal, quienes parten de posiciones favorecidas acabarán reproduciendo sus ventajas. Un niño de familia acomodada tendrá mejor nutrición, más estimulación cognitiva, acceso a redes sociales más potentes y un colchón económico que le permite asumir riesgos. Incluso con acceso formal a la misma educación, las condiciones de partida son tan desiguales que hablar de igualdad de oportunidades resulta casi cínico.

Ambas perspectivas capturan dilemas reales. Es imposible tener meritocracia pura y simultáneamente respetar la autonomía familiar: los padres invertirán recursos y capital cultural en sus hijos, creando ventajas. Prohibir esto sería distópico, pero ignorarlo perpetúa privilegios. Del mismo modo, es anticientífico negar que parte de la desigualdad tiene bases biológicas, pero usar esto para justificar desigualdades estructurales es un error. 

Pero llegados a este punto emerge una pregunta incómoda: ¿realmente importa este debate teórico cuando lo que determina el bienestar concreto de las personas son cuestiones mucho más prosaicas de gobernanza institucional? 

Las diferencias de bienestar entre países con orientaciones ideológicas similares se explican mucho más por la calidad institucional, el diseño concreto de regulaciones laborales, la eficacia administrativa y las decisiones históricas que crearon trampas institucionales, que por las grandes visiones sobre la desigualdad. 

El debate sobre igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados es políticamente estéril si nadie sabe cómo conseguir que la administración pública funcione eficazmente o que el sistema educativo alcance estándares de excelencia.

Sin embargo, sería un error concluir que las visiones sobre desigualdad son irrelevantes. Importan indirectamente porque crean mandatos políticos para construir instituciones. Las visiones sobre desigualdad informan qué instituciones se construyen y crean la legitimidad política necesaria para reformas profundas.

La síntesis empíricamente defendible parece situarse en lo que podríamos llamar centrismo pragmático: garantizar pisos mínimos elevados en sanidad, educación y vivienda, perseguir una igualdad de oportunidades seria y no meramente formal, e invertir masivamente en primera infancia donde el retorno social es enorme, mientras se permiten desigualdades moderadas de resultado vinculadas a contribución y esfuerzo. Esto implica redistribución significativa pero no confiscatoria, ruptura de trampas de pobreza sin eliminar toda diferenciación, y aceptación de que existirá desigualdad residual por factores no modificables.

Pero incluso esta visión intermedia requiere algo que el debate teórico raramente aborda: capacidad institucional concreta, competencia técnica en el diseño de políticas y voluntad política para reformar estructuras enquistadas. Si queremos sociedades más justas, probablemente importen más los factores que capturan índices como los de eficacia gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho o libertad económica —es decir, cómo funcionan realmente las instituciones— que los debates abstractos sobre modelos sociológicos de la desigualdad.

Pero también necesitamos visiones que legitimen esas reformas.

Al final, descubrimos que el problema no reside tanto en identificar los factores relevantes sino en comprender sus interacciones complejas, aceptar los dilemas sin solución técnica simple y reconocer que entre la teoría elegante y la realidad empírica media un abismo llamado política, instituciones y ejecución.